EE.UU. ordena a Argentina transferir 51% de YPF mientras JP Morgan presiona financieramente

La jueza Loretta Preska exige ceder control de la petrolera a fondos buitre en paralelo con la recomendación del gigante bancario de abandonar inversiones en Argentina

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La primera reacción fue un desplome de las cotizaciones de YPF en Wall Street y la Bolsa porteña. Foto: EFE


30 de junio de 2025 Hora: 16:28

La presión judicial estadounidense contra Argentina alcanzó un nuevo nivel este lunes cuando la jueza federal Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, ordenó al Estado argentino transferir el 51% de las acciones Clase D de YPF a fondos especulativos internacionales. La decisión representa una escalada en la ofensiva financiera contra los recursos energéticos argentinos.

El fallo beneficia directamente al fondo británico Burford Capital y a Eton Capital, entidades que adquirieron los derechos de litigio del Grupo Petersen Energía e IEASA tras la nacionalización de la petrolera durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2012. Estos actores financieros reclaman una indemnización superior a los 16 mil millones de dólares por presuntas irregularidades en el proceso de estatización.

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La resolución judicial establece que Argentina debe «transferir sus acciones Clase D de YPF a una cuenta de custodia global en The Bank of New York Mellon Corporation dentro de los 14 días posteriores a la fecha de la orden». Posteriormente, el banco deberá iniciar la transferencia de los intereses de propiedad argentina hacia los demandantes en un plazo de un día hábil.

Preska argumentó su decisión apoyándose en la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras, sosteniendo que «las sentencias son ejecutables contra cualquier propiedad que pueda ser cedida o transferida». La magistrada consideró que las acciones de YPF perdieron su inmunidad soberana debido a las actividades comerciales de la empresa en territorio estadounidense.

«El uso por parte de Argentina de sus acciones de control para dirigir la actividad comercial de YPF en Estados Unidos cumple con este requisito», estableció el tribunal, refiriéndose al programa de ADR, la cotización en la Bolsa de Nueva York y el registro ante la Comisión de Valores.

El presidente Javier Milei respondió al fallo judicial responsabilizando al gobernador bonaerense Axel Kicillof por el litigio contra el país. A través de su cuenta en la red social X, el mandatario argentino declaró: «Sepan todos los argentinos que vamos a apelar este fallo en todas las instancias que corresponda para defender los intereses nacionales».

Argentina mantiene la posibilidad de apelar el fallo en tribunales estadounidenses, aunque los especielistas consideran que el camino judicial presenta desafíos jurídicos. Cualquier transferencia de acciones de YPF requeriría aprobación del Congreso Nacional, ya que la nacionalización se realizó mediante ley específica según el mandato constitucional.

La nacionalización de YPF en 2012 respondió a la necesidad estratégica de recuperar el control sobre los recursos energéticos nacionales, particularmente ante el descubrimiento de vastas reservas de gas y petróleo no convencional en Vaca Muerta. La medida contó con amplio respaldo legislativo y se enmarcó en una política de soberanía energética implementada durante la gestión kirchnerista.

Sin embargo, los fondos especulativos transformaron esta decisión soberana en una oportunidad de negocio. Burford Capital, especializado en adquirir demandas contra países soberanos, compró los derechos de litigio a los antiguos socios minoritarios de YPF para emprender una batalla judicial prolongada en tribunales estadounidenses.

Paradójicamente, el propio gobierno estadounidense expresó reservas sobre las implicaciones del fallo. El Departamento de Justicia de Estados Unidos se pronunció contra los argumentos de Burford Capital, advirtiendo que el pedido «viola las normas de inmunidad soberana de Estados Unidos».

La noticia del fallo provocó una inmediata reacción adversa en los mercados. Las acciones de YPF se desplomaron más de 8% en Wall Street y 6% en el mercado local, mientras que el índice Merval cedió más de 3%. La volatilidad se extendió a otros activos argentinos, con Metrogas perdiendo 6,6% y Comercial del Plata retrocediendo 4,2%.

La decisión judicial coincide con un movimiento estratégico del banco de inversión JP Morgan, que recomendó a sus clientes abandonar las operaciones de «carry trade» en Argentina. En un informe titulado «tomar un respiro», la entidad financiera aconsejó retirar las posiciones especulativas que aprovechaban las altas tasas de interés en pesos.

JP Morgan justificó su recomendación, citando «inconsistencias y riesgos» en el sistema financiero argentino, particularmente la escasez de dólares y el creciente déficit en la balanza de pagos. El banco pronosticó un período de «desconfianza» que podría derivar en presiones devaluatorias.

La simultaneidad entre el fallo judicial y la recomendación de JP Morgan indica una estrategia coordinada de presión financiera contra Argentina. Mientras la decisión de Preska busca forzar la entrega de activos estratégicos, la retirada de capitales especulativos pretende generar inestabilidad cambiaria que debilite la posición negociadora del país.

Autor: teleSUR: drb

Fuente: P12 - TiempoArg - Ambito - Agencias